El marco jurídico que rige la administración pública y sus interacciones con los ciudadanos se encuentra en el ámbito del derecho administrativo. Esta rama del derecho público es fundamental en el funcionamiento de la estructura estatal y garantiza la protección de los intereses de la sociedad. En lo que sigue, se desarrollan todos los aspectos claves para comprender qué es el derecho administrativo.
El derecho administrativo –como parte y rama del derecho público– se encarga de regular las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, así como las relaciones internas dentro de la propia administración. Con mayor precisión, el Diccionario panhispánico del español jurídico recoge la siguiente definición: “Rama del derecho que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, así como el sistema normativo que las rige y las garantías jurisdiccionales correspondientes”.
Entonces, su objetivo es garantizar el buen funcionamiento y la organización de las entidades públicas, proteger los derechos de los ciudadanos frente a estas, y asegurar la transparencia y eficiencia en la toma de decisiones. Por lo tanto, es una parte fundamental para garantizar el Estado de derecho. Además, el derecho administrativo también se ocupa de la responsabilidad de la administración pública y de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, para lo que establece sanciones y mecanismos de control y fiscalización.
El derecho administrativo se rige por una serie de principios fundamentales que garantizan su correcto funcionamiento y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Aunque se guía asimismo de los principios generales del derecho, pueden mencionarse los principios más importantes que le atañen en su especificidad:
La administración pública debe actuar siempre conforme a la ley y al ordenamiento jurídico vigente, esto es, a través del respeto irrestricto de los límites y competencias establecidas. Este principio garantiza que las actuaciones de la administración no sean arbitrarias y que se ajusten al marco legal que rige sus funciones. Se entiende, entonces, como “principio jurídico que sustenta el Estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho”.
La actuación de la administración pública debe estar siempre orientada hacia la satisfacción del interés general o público, lo cual implica buscar el bienestar colectivo por encima de intereses particulares o sectoriales. Este principio guía la toma de decisiones y la asignación de recursos, lo que garantiza que las acciones de la administración estén enfocadas en el beneficio de la sociedad en su conjunto.
La administración pública debe orientar sus actuaciones hacia la consecución de los objetivos establecidos de manera eficiente, para lo que debe optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la calidad de los servicios prestados. Este principio busca asegurar que la administración alcance sus metas y cumpla con sus funciones de manera efectiva y con la menor cantidad de recursos posibles.
El derecho administrativo se diferencia de otras ramas del derecho por su objeto y enfoque específico en la regulación de las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, así como en la organización interna de las entidades públicas. A diferencia del derecho civil, por ejemplo, que regula las relaciones entre particulares, el derecho administrativo se centra en el ejercicio del poder público y sus límites.
Otra característica distintiva del derecho administrativo es su flexibilidad y dinamismo, ya que se adapta constantemente a las necesidades y cambios en la sociedad y en la administración pública. A diferencia del derecho penal, por su parte, que se ocupa principalmente de la sanción de conductas delictivas, el derecho administrativo se enfoca en la regulación y control de las actividades de la administración pública para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
El derecho administrativo abarca diversas ramas o áreas de especialización, algunas de las cuales son:
Regula el estatuto jurídico de los funcionarios públicos, lo que incluye aspectos como el acceso al empleo público, la carrera administrativa, los derechos y deberes de los funcionarios, y las sanciones disciplinarias.
Regula la planificación, gestión y control del uso del suelo y la ordenación del territorio, incluyendo aspectos como la elaboración de planes urbanísticos, las licencias de construcción y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.
Regula la protección del medioambiente y la gestión de los recursos naturales, de tal manera que establece las obligaciones y responsabilidades de la administración pública y de los particulares en materia de conservación, prevención y control de la contaminación.
Se ocupa de la regulación y funcionamiento de los gobiernos locales y sus órganos, incluyendo aspectos como la organización territorial, la competencia y atribuciones de los entes municipales, y la prestación de servicios público s locales.
Regula las políticas y procedimientos relacionados con la entrada, estancia, y salida de extranjeros en el territorio nacional, así como los derechos y obligaciones de los migrantes y la actuación de las autoridades en materia de control migratorio.
Establece las normas y procedimientos aplicables al tráfico internacional de mercancías, lo que implica la clasificación arancelaria, el pago de impuestos, la inspección y control aduanero, y la prevención y sanción del contrabando y otros delitos aduaneros.
El derecho vial regula el uso y funcionamiento de vías públicas, circulación de vehículos y peatones, normas de tránsito, seguridad vial y responsabilidades de usuarios. También supervisa la actuación de autoridades en control y fiscalización del tráfico, así como la planificación, construcción y mantenimiento de infraestructuras viales.
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