La digitalización es un proceso que va más allá de la utilización de dispositivos electrónicos para el trabajo, los estudios o la investigación científica. Se trata de una iniciativa que busca no solo optimizar el uso de recursos, sino también permitir el acceso a información de carácter público. Así, el acceso a la información y transparencia compone una de las tantas obligaciones de las administraciones públicas con respecto probidad de sus actividades. En lo que sigue, esto se comenta en profundidad.
En la actualidad, la información pública está digitaliza o en proceso de digitalización, puesto que forma parte de la agenda de muchos países para, por un lado, el ahorro de recursos en gestión y almacenamiento físico de documentación, y, por otro lado, el fortalecimiento de la transparencia de cada una de las entidades que componen el aparato estatal.
Este último punto cobra relevancia porque permite, sobre todo, la disponibilidad de información, la cual puede ser consultada de manera oportuna, precisa y comprensible por todos los ciudadanos que deseen conocerla, siempre y cuando aquella no incluya datos de seguridad nacional. Así, se pueden conocer datos de administraciones públicas en diversos sectores, como la educación.
Entonces, la transparencia en el contexto digital implica que todas las personas físicas y jurídicas puedan conocer o solicitar información sobre datos públicos relacionados con procesos administrativos. Esto permite una participación ciudadana informada, lo que fortalece la democracia.
La transparencia de la información pública es importante por diversas razones. Una de ellas está relacionada con la rendición de cuentas de las administraciones, las cuales utilizan recursos recabados a partir de impuestos para realizar sus actividades sea cual fuere su ámbito de acción. Así, gracias al acceso a la información pública, se puede monitorear e, incluso, evaluar las tareas, procedimientos y resultados de los funcionarios públicos y de las entidades que los emplean.
La segunda razón está relacionada con el ejercicio pleno y libre de la democracia, en la que los ciudadanos participan no solo a través de voto, sino también a partir del control y monitoreo de todas las acciones que les afectan directamente, como la inversión en salud, infraestructura, educación, entre otros. Con esto, los ciudadanos pueden tomar decisiones informadas, velar por la correcta utilización y distribución de los recursos públicos, y garantizar la equidad e igualdad en procesos de contratación o licitación.
La tercera razón, muy ligada a la anterior, tiene que ver con la prevención del abuso de poder y, en consecuencia, el fortalecimiento de la confianza en las instituciones. Así, si los ciudadanos creen en las administraciones públicas, las tareas de estas pueden ser más eficientes y efectivas.
Con todo, una sociedad informada permite la evaluación de las acciones de gobiernos municipales, regionales y nacionales. A mayor transparencia, podría decirse que hay mayor calidad en la administración pública. Se trata, entonces, de un indicador no solo de democracia, sino también de la calidad de los gobiernos.
Las sociedades democráticas se caracterizan por disponer de medios y opciones para consultar información pública. Acceder a esta información es un derecho que todo ciudadano puede ejercer. Esto implica no solo la búsqueda de datos, sino también la difusión de estos, ya que pertenecen a dominio público.
El reconocimiento de este derecho está recogido en los marcos jurídicos nacionales y regulados por leyes relacionadas con el acceso y consulta de información pública. Es por esta razón que las diversas entidades estatales cuentan con sistemas de solicitud y consulta, las cuales pueden encontrarse en diferentes formatos, entre ellos, la virtual.
Aunque la digitalización no sea completa en muchos casos, actualmente, muchos estados poseen un amplio avance, sobre todo con la información producida desde la emergencia de lo digital. Es más, más allá de los trámites, la consulta de información de los últimos años es posible siempre y cuando se realicen los procedimientos necesarios. Solo así se puede consultarlos por medios virtuales.
En la era digital, la información puede consultarse a través de plataformas virtuales como las sedes electrónicas. Se puede acceder a estas, según sea el caso, con claves únicas, claves permanentes, certificados electrónicos o DNI electrónico. Cuando no se cuenta con estas herramientas, se pueden realizar las solicitudes de manera presencial y por correo postal.
Cuando la información no está recogida en las plataformas y no hay acceso inmediato, se debe rellenar una solicitud para acceder a los datos de interés, de tal manera que las administraciones puedan buscarlos y ofrecerlos a los ciudadanos que pregunten por ellos.
Asimismo, si no es en nombre propio, estas solicitudes pueden realizarse a través de la representación de un tercero y de un abogado. Cada órgano o administración precisará de requisitos, procedimientos y trámites vinculados al ejercicio de este derecho. Estas plataformas se conocen como "portales de transparencia".
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